Los siguientes son los datos
básicos para la programación institucional que propongo:
- Se concibe al país como un verdadero sistema. En el mismo, el campo institucional estructura el marco y establece las reglas de juego fundamentales de tal sistema, en términos jurídicos.
- Se pide al sistema eficiencia social mínima. Para ello, la planificación es un instrumento; y el gobierno con planificación un método de gobierno.
- El sistema debe funcionar con participación de todos los entes representativos de la comunidad.
La participación dentro de
nuestra democracia social deberá funcionar de una manera real y efectiva. El
ciudadano se expresa como tal a través de los partidos políticos, cuyo
eficiente funcionamiento ha dado, tradicionalmente, al Honorable Congreso
Nacional su capacidad de crear historia a través del voto de las leyes. Pero
también se expresa a través de su condición de trabajador, intelectual,
empresario, militar, sacerdote, etc. Como tal tiene que organizarse para
participar en otro tipo de recinto, como puede ser el Consejo para el Proyecto
Nacional.
La tarea de ese Consejo
debería enfocarse hacia esa obra en la cual todo el país tiene que empeñarse:
el Proyecto Nacional.
Todas estas cuestiones deberán
ser obviamente tentadas a través de los mecanismos legales correspondientes
para que adquieran la vigencia necesaria.
En todos los casos, se trata
de una comunidad que desarrolla el máximo respeto a los derechos de las mayorías
y de las minorías; y que institucionalice concretamente este respeto mediante
criterios normativos que aseguren su representación.
EL METODO DE TRABAJO INSTITUCIONAL
La democracia social requiere
que la programación institucional sea instalada en su seno como un proceso y no
como un evento transitorio que actúe con fines similares a los que rigen la
planificación en los demás campos de la actividad social integrada; que sea
conducida en forma interdisciplinaria; que los juristas que participen en la
labor interdisciplinaria tengan como objetivo programar la norma para mañana
antes que el código que consolida lo pasado; y que se hallen dispuestos a crear
todas las nuevas instituciones jurídicas que la transformación requiera, sin
ataduras de ninguna naturaleza.
Las normas que se establezcan,
tendrán que contener también un sistema de control de su propia eficiencia,
para proveer a su corrección oportuna. De lo contrario, todo nuestro esfuerzo
jurídico-institucional, estaría dirigido a cristalizar lo que ya cambió.
Configuraría un freno al ajuste necesario y, en cierta medida, una
consolidación de valores no necesariamente deseables.
Es obvio que esto no significa
desestimar el valor de la construcción pasada. Sólo quiere poner énfasis en la
necesidad de una práctica creativa para anticipar los ajustes necesarios.
LA ADECUACION INSTITUCIONAL
El camino a seguirse para
efectuar los ajustes institucionales necesarios, deberá partir, naturalmente,
de una reforma de la Constitución Nacional. Para ello, es preciso recoger las
opiniones de los distintos sectores representativos de la comunidad argentina.
De esta forma, seremos fieles
al principio de que las grandes realizaciones no se llevan a cabo sino con la
participación de todo el país.
Con respecto a nuestra
Constitución Nacional, es necesario tener en cuenta que deberá servir no sólo a
una Nación que quiere alcanzar una fisonomía interna de comunidad organizada.
También estará al servicio de un país que busca desempeñar un papel protagónico
en la realización continental etapa previa del futuro universalismo.
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