El mundo actual observa, con
creciente preocupación, el paulatino agotamiento de los recursos naturales, al
punto de temer el desencadenamiento de una crisis en materia de productos
esenciales para la subsistencia de la humanidad.
Nuestro país, en tal sentido,
resulta un privilegiado de la naturaleza y una esperanza para la sociedad en la
etapa universalista, en razón de sus
potencialidades en materia de recursos naturales. De allí que la definición de
una política estable y definida para el agro constituya una responsabilidad
ineludible de las generaciones del presente para con las del futuro.
Esta política debe señalar con
precisión los objetivos a alcanzar en materia de colonización, infraestructura,
régimen de tenencia de la tierra, explotación, investigación, capacitación e
incentivos, para lograr a la vez una fuente continua de riqueza para el país y
un aporte vital para el mundo del futuro con criterio de solidaridad universal.
Ambos conceptos, fuente
sostenida de riqueza y solidaridad universal, implican necesariamente hacer un
uso racional de nuestras tierras aptas como así también realizar un esfuerzo
sostenido para agregar a éstas las hoy ociosas o deprimidas.
La colonización de nuestras
tierras adquiere, en razón de lo expuesto, una importancia tal vez superior a
la que se le asignara en épocas pasadas, pero simultáneamente, es amenazada por
mayores condicionamientos y dificultades.
El paulatino desplazamiento de
la población rural hacia los centros urbanos; las necesidades propias de la
vida moderna; la complejidad de los medios técnicos y niveles de inversión
requeridos para la explotación agrícola, son aspectos que condicionan el logro
de este objetivo.
No podrá pensarse en
colonizar, si previamente no creamos los medios que aseguren a los inmigrantes
que necesitaremos condiciones de vida propicias para su desplazamiento. Ello,
indudablemente, implica un esfuerzo económico de magnitud trascendente y una
planificación detallada con determinación de prioridades. En tal sentido será
preferible un plan con metas no excesivamente ambiciosas, escalonadas en el
tiempo y por zonas, pero basado en posibilidades reales de concreción, a otro
ambicioso que permanezca en el plano teórico o sea usado como mera herramienta
de propaganda ideológica o partidista.
Simultáneamente con la
creación de la infraestructura destinada a hacer digna la vida de la población
rural, será necesario considerar la requerida para posibilitar las explotación
de las tierras en condiciones de productividad creciente y de agilización de
las etapas de distribución, almacenaje y comercialización de los productos.
Entendemos que la tenencia de
la tierra implica la responsabilidad de no atentar contra la finalidad social
que debe satisfacer la explotación agraria. Dicha finalidad solo se cubrirá
cuando la tierra sea explotada en su totalidad y en relación con su aptitud
real y potencial, tomando el lucro como un estímulo y no como un fin en sí
mismo.
La tierra no es básicamente un
bien de renta sino un bien de trabajo. El trabajo todo lo dignifica.
La explotación de las tierras
implica considerar un dimensionamiento óptimo y una conservación adecuada del
suelo; ambos aspectos deben ser evaluados dentro de un contexto eminentemente
técnico, y con miras a lograr consenso y no enfrentamiento de grupos o
sectores.
La experiencia indica que
muchas discusiones, particularmente en lo que concierne a la subdivisión de las
tierras, se han orientado, o han sido fuertemente condicionadas, por razones
meramente ideológicas más que de beneficio para la sociedad en su conjunto.
La actividad productiva dentro
del sector primario no ha escapado a la influencia de la continua revolución
tecnológica que es un signo de nuestros tiempos. Más aún, puede observarse que
en los últimos años se hacen denodados esfuerzos para lograr nuevos
procedimientos que compensen la no reproductividad de la tierra con el
crecimiento sostenido de la población mundial.
La República Argentina, como
poseedora de un vasto territorio con aptitud especial para su explotación, no
puede, bajo ningún concepto, quedar rezagada tanto en el uso de tales nuevos
procedimientos como en el proceso de investigación.
La creación y estímulo para
lograr una conciencia en esta materia debe ser responsabilidad no sólo del
Estado, sino también de los sectores privados que participan en esta actividad.
Los actuales centros de
experimentación y de formación de mano de obra capacitada, necesitan contar con
el decido apoyo público y privado. Pero éstos, a su vez, deben basar sus planes
de acción sobre objetivos y metas concretas y acordes con las posibilidades del
país.
No resulta novedoso señalar la
natural resistencia de muchos trabajadores rurales a la implantación de nuevos
métodos, procedimientos y herramientas tendientes a proteger el suelo,
incrementar la productividad y cultivar nuevas especies. Sin embargo, pareciera
que los esfuerzos para lograr un cambio radical y definitivo resultan todavía
insuficientes.
Por tal motivo, el Estado en
particular y las organizaciones rurales en general, deberán coordinar sus
esfuerzos a fin de profundizar los cambios y hacer evidentes los beneficios que
los mismos traerán aparejados. Un hombre de campo con una mentalidad moderna y
de futuro es el factor insustituible del progreso del sector, más allá de toda
medida administrativa o de estímulo a la actividad.
Todo lo señalado hasta este
punto implica un esfuerzo económico-financiero que va más allá de las
posibilidades del sector y, por tal razón, el Estado debe ineludiblemente
acudir como apoyo real y estímulo, como así también, hacer un uso intenso de su
poder como fiscalizador, control y regulador.
En cuanto al apoyo, éste debe
materializarse a lo largo de todo el espectro de actividades que directa o
indirectamente hacen al quehacer agrario; desde la capacitación técnica, hasta
la creación de condiciones para la explotación; pasando por el apoyo financiero
para las distintas etapas de la producción y comercialización.
Sólo podremos exigir el
cumplimiento de un compromiso social si previamente facilitamos los medios
básicos para llevarlo a cabo.
El asesoramiento técnico, el
apoyo crediticio, la política fiscal y el desarrollo de cooperativas agrarias,
son instrumentos que deben usarse en forma intensa, particularmente para
aquellos que se encuentran en inferioridad de condiciones para producir.
El apoyo para lograr el
aprovechamiento de las zonas ociosas debe ser motivo de especial preferencia,
pero una vez satisfechas adecuadamente las necesidades de las zonas aptas.
En su función fiscalizadora,
de control y regulación, el Estado debe previamente definir con absoluta
claridad su participación, y una vez logrado el consenso general se deberá
proceder sin solución de continuidad.
Nuevamente aquí la política
fiscal cumple un decidido papel para obligar a la explotación racional de los
recursos, evitando capacidades ociosas. Producir cada día más, manteniendo la
fertilidad de las tierras, debe ser criterio rector.
La intervención directa en el
proceso de comercialización interna y externa, así como también en la fijación
de precios que aseguren un beneficio normal y una eliminación de la
incertidumbre del futuro, son también responsabilidades que el Estado no debe
bajo ningún concepto delegar y menos aún olvidar.
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