En la tarea política del país,
al más alto nivel, intervienen dos instancias: la conducción política y la
político-administrativa. La primera atiende a la estructura del poder, y la
segunda, a la administración del país, en general, además de la administración
del gobierno en particular. Este último aspecto lo habré de tratar en otro
lugar del presente trabajo.
El principio orgánico reside
en disponer: unidad de concepción, conducción centralizada y ejecución
descentralizada.
Los niveles en los cuales se
trabaja son, en términos generales: la conducción superior del Estado, las
entidades intermedias y el pueblo en el ámbito ciudadano.
Dentro de este esquema hace
falta una fisonomía para las instituciones de conducción. Ella debe responder a
la tarea que estas instituciones deben realizar.
Tres son las grandes tareas:
planeamiento de lo que ha de hacerse, ejecución concreta, control y reajuste
del proceso.
El planeamiento debe
realizarse: para el largo plazo (varias décadas hacia el futuro); para el
mediano plazo (el número de años que dura un gobierno) y para el corto plazo
(un año).
El largo plazo requiere la
definición de las cualidades de la sociedad que se visualiza para el futuro y
la identificación de estrategias globales para alcanzarla. Tal tarea requiere
la constitución de un organismo específico al cual el pueblo contribuya, a
través de los mecanismos con los que cuenta y en los ámbitos que conoce. Esta
entidad puede ser el Consejo para el Proyecto Nacional, a integrarse con todos
los elementos representativos de la comunidad.
El planeamiento para el
mediano plazo requiere ser realizado, básicamente, por el Poder Ejecutivo, con
la participación correspondiente del Congreso.
El planeamiento del corto
plazo, así como la ejecución, corresponde, básicamente, al equipo ministerial,
salvo en las materias que hagan necesaria la intervención del Congreso a los
propósitos del control superior.
Los controles han de
establecerse en varios niveles, sobre la base del concepto superior del
control, para lo cual se requiere del establecimiento de una completa red de
información.
Señalados tales aspectos,
surgen algunos requerimientos con respecto a la fisonomía del Congreso
Nacional. La experiencia señala que la tarea creativa del Poder Legislativo se
ha desarrollado, a lo largo de este siglo, siguiendo una disciplina de trabajo
que puede ser perfeccionada.
Parece necesario que el país
tenga un Congreso que sesione por un período mayor al de cinco meses que
establece la Constitución Nacional. Precisamente, pareciera no resultar
conveniente una “tregua política” tan prolongada, porque lo que se requiere es
mucho trabajo político en el proceso de edificación institucional en el cual
nos hallamos.
El Congreso Nacional deberá
participar activamente en el proceso de programación de la estructura
institucional del país y de revisión periódica y actualización de la normas.
Los requerimientos de la
comunidad deseada introducen, también, algunos requisitos a la estructura y
funcionamiento del Poder Ejecutivo.
Necesitamos una Presidencia
adecuadamente estructurada para conducir, puesto que las unidades dependientes
del Poder Ejecutivo constituyen entes al servicio íntegro de la comunidad. Ello
es evidente desde que la gran tarea de ejecución pública está en sus manos.
Además, el mundo
interdisciplinario en el que ya se vive exigirá una conducción de lo externo
que reclamará crecientemente la acción presidencial.
La conducción política
superior debe estar siempre en manos del Presidente de la Nación, como cuestión
originaria y exclusiva. Para ello y en cuanto tiene relación con el Congreso de
la Nación, necesita un vicepresidente en los términos que actualmente prevé la
Constitución Nacional.
Además, la conducción del
sector político-administrativo exige coordinación de la acción ministerial.
Cada ministerio debe ser concebido como un ámbito de específica
responsabilidad. Pero la instancia político-administrativa es, intrínsecamente,
interdisciplinaria. Para ello el Presidente de la Nación necesita la
cooperación de un funcionario encargado de la coordinación ministerial. Este
coordinador puede ser un primer ministro dependiente, directamente, del
Presidente de la República.
La estructura institucional
así concebida fortificará la capacidad de decisión y de acción del Presidente
de la República, al proporcionarle todos los instrumentos necesarios para su
gestión.
La organización de nuestro
régimen político queda, entonces, definida. El objetivo es la democracia
social. La forma de gobierno que responde al objetivo es la representativa,
republicana, federal y social.
Representativa, en los
términos de representación a que antes se hizo referencia.
Republicana, porque preserva
la estructura de república, como forma política de nuestra Nación, nutrida en
el poder que proviene desde el ciudadano.
Federal, porque se preserva el
vigor histórico y el valor de futuro que el federalismo tiene para el país,
interpretándose lo que se considera una concepción mayoritaria.
Social, por los propósitos
específicos antes desarrollados, que hacen a la responsabilidad del gobierno.
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