El país ha producido siempre
en función del beneficio, sin disciplinar cabalmente su producción en función
de las necesidades esenciales de la población.
Es indudable que se perdió
tiempo y que los recursos no fueron convenientemente utilizados.
Sin embargo, en la actualidad
tenemos un ingreso por habitante razonablemente elevado y, además, el país se
está industrializando aceleradamente. Esta realidad me permite afirmar que no
somos un país subdesarrollado.
La distribución del ingreso
familiar no es aún la más adecuada y mucho debe hacerse para vigorizarla. En
realidad, hacia 1955, se había llegado a un nivel en la distribución y en la
participación del salario en el ingreso nacional, que satisfacía las
necesidades de la población.
Desde allí las soluciones
económicas siguieron a las soluciones políticas y la participación del salario
en el ingreso disminuyó.
Es imposible mantener una
distribución socialmente aceptable si las decisiones económicas no acompañan a
la política social que se desea imponer. Cuando las decisiones económicas
siguen un patrón inadecuado, la distribución del ingreso queda subordinada al
mismo, más allá de los buenos deseos de cualquier gobierno. En consecuencia, lo
que llamamos "Justicia Social" también requiere para su
materialización efectiva participación del gobierno y elevada eficiencia del mismo.
Se produjo, por otra parte, un
decisivo retroceso en el terreno de las decisiones económicas. Hasta 1943, con
industrialización incipiente, dichas decisiones estaban adaptadas a los
intereses del campo. Buscamos establecer un sano equilibrio para promover la
industrialización y una organización del poder de decisión para nuestro sector
industrial. En 1955 no se había alcanzado a afirmar la existencia de un
empresariado industrial argentino como factor contribuyente al desarrollo
nacional, pero se estaba en el camino. Desde entonces la industria creció con
alto apoyo externo, pero el capital extranjero se concentró, en gran medida, en
el aporte tecnológico y también en la compra de empresas existentes en el país.
Debemos tener en claro que lo
esencial con respecto a los objetivos debe perseguir una actividad radicada en
el país, es que éstos deberán atender tanto al aporte de la economía nacional
como el beneficio del empresario. Esto debe definir una conducta coherente
respecto de los intereses nacionales y los del empresariado.
Pero si se trata de obtener
tantos beneficios como sea posible, consolidando intereses que están en el
exterior, los aportes a la economía nacional se alejarán considerablemente de
lo que resulta conveniente para el país.
En esta materia no basta con
lograr soluciones apresuradas para las grandes cuestiones, pensando que todo lo
demás ha de resolverse por sí solo. No basta tampoco con elaborar soluciones a
medidas, tomando decisiones sobre la inversión externa sin establecer
claramente la actividad en la cual han de insertarse. Hay que establecer
políticas diferenciales, en todos los campos, y fijar con precisión suficiente
la forma de preservar los objetivos nacionales.
También se comprueba que no
hubo una conciencia adecuada sobre la utilización de los recursos financieros
del país, por cuanto no se alcanzó a determinar con claridad si la masa de
capital interno disponible posibilitaba el desarrollo y la expansión, o si era
necesaria su incrementación con el aporte de capital extranjero para alcanzar
tales objetivos.
Igualmente, es necesario tener
en cuenta que no existe similitud entre concentración de capital y
concentración empresaria. Eso debe conducirse armoniosamente de acuerdo con las
reales necesidades nacionales.
Analizando el proceso, se ve
-en otro tipo de problemas- que cuando una sociedad incrementa el grado de
sofisticación del consumo, aumenta a la vez su nivel de dependencia. Esto es,
en gran medida, lo que ocurrió entre nosotros.
Por un lado, el ciudadano se
ve forzado a pagar por la tecnología de lo banal; por otro, el país gasta en
divisas en un consumo innecesario.
Pero a la vez, es
impostergable expandir el consumo esencial de las familias de menor ingreso,
atendiendo sus necesidades con sentido social y sin formas superfluas. Esta es
la verdadera base que integra la demanda nacional, la cual es motor esencial
del desarrollo económico.
El proceso económico ha
mostrado, además, que el país acumula más ahorro del que usa. En otras
palabras, que lo que gana con sus exportaciones, excede a lo que necesita
gastar a través de sus importaciones y otros conceptos. No obstante ello, tal
posibilidad fue insuficientemente explotada, ya que a la par de incrementar la
deuda pública no se logró el desarrollo nacional requerido por el país.
Tuvimos todo tipo de
experiencias en este sentido y ahora, entre otras cosas, sabemos combatir
establemente un mal como la inflación, y ello se consigue sólo cuando hay
capacidad política para usar el remedio natural dado por una política de
precios e ingresos.
Es evidente que las
"recetas" internacionales que nos han sugerido bajar la demanda para
detener la inflación, no condujeron sino a frenar el proceso y a mantener y
aumentar la inflación.
En esta cuestión no se
acertaba con la solución adecuada. Por épocas se bajó la demanda pública a
través de la contención del gasto -olvidando el sentido social del gasto
público- ; se bajó la demanda de las empresas a través de la restricción del
crédito -olvidando también el papel generador de empleo que desempeña la
expansión de las empresas-; y se bajó la demanda de los trabajadores a través
de la baja del salario real.
Pero como al mismo tiempo no
se adoptaban las medidas para que todos participaran en el sacrificio, en
definitiva fueron las espaldas de los trabajadores las que soportaron el peso
de estas políticas de represión de demanda para combatir la inflación que el
país aceptó, y que repitió aunque su ineptitud quedó bien probada por la propia
historia.
Es ésta una experiencia muy
importante derivada de nuestro proceso; y puesto que necesitamos evitar la
inflación para seguir adelante con auténtica efectividad, debemos tenerla
permanentemente en cuenta.
Por otra parte, se puede ver
que hubo una insuficiente utilización de recursos, especialmente del recurso
humano que ha sido deficientemente incorporado en los últimos lustros, de
acuerdo con la evidencia surgida de las tasas de desempleo. Lo mismo aconteció
con el recurso formidable que significa el capital intelectual, científico y
técnico nacional, emigrando por falta de oportunidades de trabajo en el país.
A esto se llegó por carecerse
de planificación, ya que cuando se planifica adecuadamente, pude lograrse una
utilización total de los recursos disponibles.
Para que la planificación sea
efectiva no bastan los planes de mediano o largo plazo. Las decisiones
concretas de política económica requieren también planes de corto plazo, que
deben ser los reales propulsores de la actividad. Es a través de ellos que la
coyuntura puede ser manejada en función de su verdadero valor de instrumento
para conducir la economía en el mediano y largo plazo.
Realizada la planificación en
tales términos, es posible actuar realmente con la eficiencia necesaria para
lograr la mayor parte de la expansión física que el país debe producir año a
año.
En gran medida, en los últimos
lustros nos hemos manejado con nombres y no con programas; y - salvo en algunos
períodos que deben ser rescatados por la seriedad de conducción - la política
que resultó, ha sido de neto corte liberal.
La conducción en el campo
económico está en excelentes condiciones para alcanzar sus objetivos, cuando su
contexto aparece definido en programas de acción claramente concebidos.
En última instancia, la
experiencia de lo que hace a la planificación en este campo es también
definitiva; el gobierno en lo económico no tiene otra forma de conducirse. La
planificación es consecuencia necesaria de la organización, e instrumento para
la conducción concreta.
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