Las instituciones que aquí
analizo son las jurídicas, es decir, las creadas por el Derecho.
El método de creación de las
instituciones jurídicas debe comenzar por establecer funciones. Para esto es
necesario definir, en cada caso, cómo se cumplirán dichas funciones y cuáles
serán las responsabilidades concretas a fijar. De esta forma, es posible
caracterizar el marco jurídico en el cual tienen que funcionar.
Pero este marco jurídico debe
incluir no sólo la creación y función de los entes respectivos, sino también
las relaciones entre los distintos entes y la naturaleza, características y
formas de uso de los medios a utilizar.
Lamentablemente, no siempre se
ha trabajado con tal forma de programación institucional. En su lugar, hemos
encontrado numerosos ejemplos en sentido contrario. Es decir, que se dictó la
ley primero, se crearon luego los entes, se les asignaron funciones y después,
en la práctica, se verificó si las funciones asignadas estaban totalmente
ajustadas a lo que se quería.
Este defecto metodológico
tiene menor importancia en el Estado liberal, que confía principalmente en la
acción privada.
Por eso, la forma juridicista
de crear instituciones empezando por la ley, no es tan peligrosa para los
designios de los conductores de ese Estado.
En cambio, para nuestro país
el problema es diferente. Necesitamos más gobierno y más eficiencia en el
mismo, puesto que lo concebimos como un verdadero proveedor de servicios a la
comunidad. Para ello tiene que programar funcionando, como un sistema de vasos
comunicantes. En él debe eliminarse el despilfarro de recursos, porque cada
recurso desperdiciado representa un servicio menos que se le presta al
ciudadano y al país.
Por lo tanto, no podemos
copiar el método juridicista que ha sido útil para el Estado liberal.
El Estado liberal, mientras no
tuvo necesidad de elevar al máximo la eficiencia del gobierno, pudo permitirse
actuar con muchas instituciones formalmente establecidas y una burocracia
adecuada a sus estatutos jurídicos, pero sus servicios al país no guardaron
relación con las verdaderas necesidades sociales.
También se ha visto una
interesante evolución el problema institucional.
En la época liberal, la
intervención estatal ha sido naturalmente escasa, porque ello respondía a su
propia filosofía. Cuando el justicialismo empezó a servir al país, nuestra
concepción exigió un incremento de la intervención estatal. Junto a esto
pusimos el peso que otorgaba la ley a la autoridad del Poder Ejecutivo. Este
procedimiento fue criticado como “autoritarista”.
Fue necesario adoptar dicha
actitud, porque teníamos que forzarnos en la obtención de un justo medio que
nos alejara de extremos indeseables.
Luego, cuando se produjo la
reacción liberal, el nivel de intervención estatal era elevado, precisamente por
la naturaleza misma de los problemas que el Estado Argentino tenía que
afrontar.
Como el gobierno liberal que
nos sucedió no supo ver las razones de ese crecimiento, se encargó de destruir
la administración pública y realizó su labor golpeando muy especialmente sobre
el servidor público, ahora tenemos que reconstruir una administración pública
adaptada a nuestras necesidades. Para ello, debemos hacer un serio esfuerzo
para jerarquizar el funcionario público, restituyéndole la dignidad que el país
le había reconocido.
Por supuesto no necesitamos
saturarnos de funcionarios . Debemos tener sólo los que nos hagan falta, pero
con el máximo nivel de capacidad y responsabilidad que corresponda a cada
cargo.
Mi experiencia anterior me ha
enseñado que la conducción gubernamental necesita de una administración pública
vigorosa y creativa. De lo contrario, la labor de conducción no llega al
ciudadano, por bien inspirada que esté.
Por otra parte, constituir las
instituciones primero y conferirles funciones después ha dado lugar al
nacimiento de burocracias que, sin objetivos claros, concluyen siendo un fin en
sí mismas y sirviendo sólo a su autoconservación.
Tales burocracias sirven
exclusivamente para proponer lo que es visible para el gobierno de turno.
Debemos procurar, precisamente, lo contrario: ajustar las estructuras de poder
a lo que el país necesita.
Si no procedemos con esa
mentalidad, será imposible introducir cambios de fondo, porque la eficiencia de
la administración pública resulta limitada por las propias restricciones
institucionales y porque esas burocracias han aprendido que duran más los que
menos deciden.
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